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El regulador nacional encargado de velar por el cumplimiento de las normas de privacidad tiene importantes problemas de personal. En esencia, la AEPD afirma tener problemas de personal.

Así, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha demandado aumentar su plantilla de inspectores ante la cada vez mayor carga de trabajo. Esto le ha supuesto el aumento del número de reclamaciones y de su capacidad supervisora. No obstante, por el momento la Agencia no ha recibido la autorización necesaria para aumentar su número de trabajadores; además de estar viendo cómo se traba la posibilidad de recibir funcionarios cedidos por el resto de instituciones.

De hecho, la gran mayoría de puestos vacantes en el organismo siguen sin ser cubiertos. Por ejemplo, el puesto de responsable del área de tecnologías de información y comunicaciones, el jefe de gestión presupuestaria o varios de inspectores o subinspectores continúan desocupados.

Situaciones como las anteriores ha provocado que la Agencia cerrase el año 2021 ocupando tan sólo 165 plazas de las 196 presupuestadas; unos datos que muestran la escasez de personal con la que cuenta la AEPD para la realización de los cometidos que tiene asignados.

Ante esta situación, la directora del organismo se ha pronunciado en diversas ocasiones solicitando el incremento del presupuesto y de los medios personales de la Agencia; como si se ha producido en otros organismos de privacidad de países vecinos.

Es importante recordar que, tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, se le encomendaron a la AEPD una serie de nuevas funciones; con una mayor carga de trabajo asociada a las mismas.

El problema surgió por el momento en el que entró en vigor el mismo, dado que coincidió con un periodo de congelación de los presupuestos en España. Esto ha supuesto que varios años después los recursos no hayan crecido acorde a las nuevas funciones, en palabras de la directora.

Como expertos en protección de datos, desde UBT Legal & Compliance valoramos la importancia de disponer de una Autoridad de Control ágil y eficiente; que permita proteger suficientemente los derechos y libertades de los ciudadanos, adaptarse a las tecnologías más innovadoras y ayudar a los diferentes sujetos implicados a cumplir con la normativa vigente de protección de datos.

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