Bruselas advierte sobre riesgos para el Estado de derecho y la lucha anticorrupción

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La Comisión Europea ha solicitado a Eslovaquia que aclare su propuesta de disolver la Oficina de Protección de Denunciantes, un organismo clave en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos de quienes informan sobre irregularidades. Bruselas ha expresado su preocupación por esta medida, al considerar que podría debilitar seriamente los mecanismos de protección a informantes y, por ende, afectar negativamente al Estado de derecho en el país.

La oficina fue creada en 2019 como un órgano independiente encargado de garantizar la protección efectiva a los denunciantes de irregularidades en el sector público y privado. El anuncio de su posible supresión, propuesto por el actual gobierno eslovaco, ha generado críticas tanto dentro como fuera del país. La Comisión ha recordado que la Directiva (UE) 2019/1937 obliga a los Estados miembros a proporcionar salvaguardas efectivas a los denunciantes.