Esta noticia fue publicada previamente por elEconomista.
A mediados de mayo, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, o Esma, publicó su informe final de directrices sobre los nombres de los fondos que utilizan términos como “sostenible”, “responsable” o “ESG” (acrónimo que alude a los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Entre otras cosas, para los fondos que quisieran incluir ESG en su nombre, el supervisor elevaba la exigencia y subía del 50% al 80% la parte de la cartera que tiene que estar invertida en activos “que promuevan características ambientales o sociales”. Más noticias sobre inversión sostenible en elEconomista ESG.
Con todo esto, el regulador europeo quiere evitar el greenwashing, o ecopostureo, en los fondos de inversión sostenible, es decir, que no se llame verde, ESG o sostenible a productos que no lo son. Y Morningstar estima que estas directrices podrían forzar a más de 1.600 fondos de inversión a cambiar de nombre, o a realizar desinversiones por hasta 40.000 millones de dólares en empresas cotizadas. No puede olvidarse que la inversión responsable ya supone más de la mitad del patrimonio en fondos en la UE: casi el 60% de los activos en fondos de inversión que están a la venta ya son sostenibles (unos 5,5 billones de euros). En España, representan un 34% del patrimonio, según Inverco, aunque es cierto que sólo una parte presume de ello en su nombre. Los casos de ‘ecopostureo’ suben un 26% en la Unión Europea.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público