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La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 4 años y 3 meses de prisión y el pago de multas e indemnizaciones por importe de 14,6 millones de euros al presidente de una fundación benéfica que, según los hechos probados, era una cobertura para eludir el pago de los impuestos correspondientes a la actividad onerosa de compra-venta de inmuebles a la que se dedicaba. La fundación, llamada ‘San Andrés’, junto a otras tres sociedades, es declarada responsable civil subsidiaria del pago de las cantidades.
El Supremo ratifica la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid al presidente de la fundación por tres delitos contra la Hacienda Pública, dos de ellos agravados, con relación al Impuesto de Sociedades de los años 2005, 2006 y 2007, castigados con pena de 4 años y 3 meses de prisión y multa de 7.650.000 euros. Además, tendrá que indemnizar a la Agencia Tributaria en la cuantía de más de 7 millones de euros.
Los hechos probados constataron que la Fundación Benéfica San Andrés, cuyo objeto social según sus estatutos era “atender las necesidades de personas de distintas edades, nacionalidad, sexo o condición social”, no perseguía fines de interés general ni realizaba de forma directa ninguna actividad asistencial a personas necesitadas o en riesgo de exclusión social.
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