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Este documento es de interés principalmente para las autoridades competentes y las empresas de inversión que están sujetas a la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (MiFID II). En particular, este documento se dirige a las empresas de inversión y a las entidades de crédito que prestan servicios y actividades de inversión, a las empresas de inversión y a las entidades de crédito cuando venden depósitos estructurados, a las sociedades gestoras de OICVM y a los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) externos cuando prestan servicios y actividades de inversión de conformidad con la Directiva OICVM1 y la Directiva GFIA2. Este documento también es importante para los grupos de consumidores, los inversores y las asociaciones comerciales, ya que las directrices pretenden aplicar disposiciones reforzadas para garantizar la protección de los inversores, con posibles repercusiones para cualquier persona que se dedique a la negociación o al tratamiento de instrumentos financieros.
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