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La UE se halla inmersa en otra reforma normativa para combatir el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas. Será la sexta vez que lo haga en forma de Directiva comunitaria –la primera en 1991 y la última en 2018– y, a priori, pretende que sea la definitiva, más allá de ulteriores actualizaciones de algunos puntos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCUE) ha puesto de manifiesto en un informe las «insuficiencias» de la arquitectura comunitaria aquí.
La Comisión (CE) presentó sus grandes líneas en julio pasado, con la voluntad de establecer un marco único de reglas y requerimientos de aplicación directa para combatir esa lacra. Por ejemplo, mejorar la comprobación del dueño real y beneficiario de los fondos, tener la diligencia debida con los clientes de las entidades financieras y extender estas normas de control a los criptoactivos.
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