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El Tribunal Supremo declara la gran invalidez a un trabajador, con derecho a percibir un complemento de 1.090,08 euros, pese a negarse a una nueva intervención quirúrgica. En contra de la decisión del Instituto de Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Alto Tribunal considera que una cirugía no puede ser impuesta contra la voluntad del paciente, sobre todo cuando existen riesgos y la posibilidad de mejorar no es clara.
El trabajador de 59 años de edad, que trabajaba como jefe de almacén agrícola, presentaba problemas oftalmológicos crónicos que le produjeron una merma visual-progresiva que le incapacitaba para realizar sus actividades laborales. Previamente ya tenía reconocida una prestación de incapacidad permanente total y ahora pretendía la gran invalidez, la cual es negada por el INSS por no quererse someter a una nueva intervención quirúrgica.
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