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Una nueva reforma del Código Penal obliga a revisar los programas de cumplimiento penal de las empresas a partir del 12 de enero de 2023, esta vez de la mano de la LO 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
Dos son los puntos clave que afectan al compliance:
• Se modifican varios delitos de los que pueden ser responsables las entidades, lo que obliga a revisar el mapa de riesgos, e implantar nuevos controles que los mitiguen.
• Se regula la posible exención de responsabilidad penal para directivos y empleados, no así para las empresas, que colaboren con la justicia y con la autoridad de la competencia, para determinados delitos cuya conducta es subsumible en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
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