Nuevas garantías frente a represalias en el entorno laboral
El Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley reguladora de la Jurisdicción Social con el objetivo de reforzar la protección de las personas trabajadoras que informan sobre infracciones normativas o actos de corrupción. Esta propuesta legislativa adapta el ordenamiento jurídico español a la Directiva (UE) 2019/1937 y complementa la Ley 2/2023, de protección al informante, y el Real Decreto que establece el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
El texto introduce cambios significativos que declaran nulos los despidos, tratos desfavorables o decisiones discriminatorias motivadas por el hecho de haber comunicado infracciones. La norma amplía el ámbito subjetivo de protección a exempleados, personas candidatas en procesos de selección, familiares, o colaboradores, y establece que cualquier represalia en el contexto laboral será considerada una vulneración de derechos fundamentales.
Puedes consultar el anteproyecto pinchando aquí.
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