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Argentina se enfrenta a la posibilidad de ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que podría suponer un duro golpe para la política económica del presidente Javier Milei. En un intento por evitar esta sanción, el gobierno argentino está negociando intensamente en París con el nuevo presidente del GAFI, la abogada mexicana Elisa Anda Madrazo, para que adopte una postura favorable hacia la administración actual. Además, busca acelerar las inversiones y la entrada de dólares mediante un ‘blanqueo de capitales’ antes de que se tome una decisión final en la próxima sesión plenaria del GAFI en octubre. De ser incluida en la “lista gris”, Argentina se vería afectada por un mayor escrutinio en sus esfuerzos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, poniendo en riesgo iniciativas clave como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Una posible inclusión en la lista de jurisdicciones bajo vigilancia intensificada del GAFI también podría bloquear la amnistía de activos propuesta por Milei, debido a restricciones legales que impiden la externalización de activos no declarados desde países incluidos en la “lista gris”. Esto, a su vez, afectaría la estabilidad legal necesaria para las multimillonarias inversiones proyectadas bajo el esquema RIGI, comprometiendo la llegada de capital tanto nacional como extranjero que es vital para la política de competencia de divisas de Argentina antes de avanzar hacia una posible dolarización. Las expectativas en torno a la evaluación del GAFI no son optimistas, según fuentes consultadas, lo que aumenta la incertidumbre económica del país.

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