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Google abusó de su fuerza en el mercado y obligó a los fabricantes de móviles a preinstalar aplicaciones como Chrome o Google Search para utilizar su sistema operativo Android. También les forzó a no vender móviles con versiones de Android no autorizadas y a no instalar servicios de búsqueda que fuesen de la competencia. Las compañías que no pasaban por el aro perdían el derecho a utilizar Google Play, la tienda de aplicaciones que necesita cualquier móvil Android para ser operativo. Lo que, de facto, suponía la expulsión del negocio. Los fabricantes díscolos también afrontaban penalizaciones en los ingresos por publicidad, otro nicho que domina la empresa californiana.
Este miércoles, el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que estas actitudes son contrarias al Derecho de la Unión, porque condicionan el mercado y aniquilan la competencia. En consecuencia, el tribunal ha validado la histórica multa de 4.125 millones de euros que la Comisión impuso a Google en 2018 – originariamente 4.300 millones, cantidad que ha rebajado ligeramente – por intentar monopolizar el sector y expulsar a las competidoras con artimañas abusivas, Se trata de la multa más cuantiosa jamás impuesta por una autoridad de competencia en Europa.
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