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La reforma del delito de malversación está siendo estudiada por Bruselas para comprobar si está en línea con el derecho de la Unión Europea y si los cambios pueden traducirse en un aumento del riesgo de fraude en el uso de los fondos europeos. “La Comisión está analizando actualmente estas nuevas disposiciones para verificar la compatibilidad de esta reforma con la legislación de la Unión Europea, en particular en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la UE”, ha explicado Didier Reynders, comisario de Justicia, durante un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de derecho en España. La Unión Europea tiene distintos cuerpos destinados a perseguir posibles casos de corrupción relacionados con los fondos europeos y recientemente creó una nueva Fiscalía Europea para ello.

La Comisión Europea tiene que vigilar de cerca que el presupuesto de la Unión Europea, que está financiado por los Veintisiete, se gaste de forma adecuada. Se esfuerza por intentar que los estándares legales que reglan el uso de estos fondos sean cada vez más altos, y en este sentido la rebaja de las penas por malversación no ha sentado nada bien en el Ejecutivo comunitario.

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