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Un Juzgado de Primera Instancia de Gran Canaria condena a los arrendatarios de un local de negocio a pagar 17.000 euros al propietario del mismo, por las rentas dejadas de abonar durante el confinamiento decretado por el Gobierno.
El juez considera que no procede rebajar la renta solicitada por los inquilinos, al no haberse presentado un informe pericial que acreditase los ingresos exactos durante la pandemia y antes de ella, por lo que es posible que se dispusiese de una mayor solvencia que diera lugar a que la eventual reducción de ingresos fuera temporal y no hubiera producido una imposibilidad real de cumplimiento contractual.
Según comenta el abogado del propietario del local, Sergio Choolani Farray del despacho Miralaw, “se trata de una resolución relevante ya que, pese a que podría considerarse notorio que un local ubicado en una zona costera, cuya actividad se enfoca y dirige al sector turístico, y que es evidente que se ha visto afectado por las consecuencias de la Covid- 19, el juzgador descarta cualquier tipo de modificación en la renta, si no se presenta el correspondiente informe pericial que lo acredite”.
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