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Los criptoactivos están sujetos a riesgos significativos y a ciclos de auge y caída, como demuestra el actual “criptoinvierno”. Aunque su uso no está muy extendido en las operaciones bancarias convencionales, la expansión del sector de las criptomonedas también puede dar lugar a que los riesgos de los criptoactivos se extiendan al sector bancario.

Hasta ahora, la mayoría de los bancos bajo supervisión del BCE se han mantenido en gran medida alejados de los criptoactivos, mientras que algunos han explorado oportunidades para utilizar la tecnología de libro mayor distribuido (DLT) con el fin de aumentar la eficiencia, reducir costes y ofrecer nuevos servicios a los clientes (para más detalles, véase el Estudio sobre la transformación digital y el uso de la tecnología financiera).

La DLT se ha utilizado con éxito para emisiones de valores tokenizados, como la emisión de bonos digitales del Banco Europeo de Inversiones, mientras que otras iniciativas también están en fase de desarrollo. Sin embargo, si un banco adquiriera exposiciones a criptoactivos -directa o indirectamente- se enfrentaría a riesgos significativos no cubiertos específicamente por el marco prudencial actual. Por lo tanto, un marco prudencial global mínimo conservador es vital para proteger al sistema bancario de estos riesgos. La finalización de la norma del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) sobre el tratamiento prudencial de las exposiciones de los bancos a los criptoactivos marca un hito importante a este respecto. Proporciona un enfoque internacional armonizado de regulación y supervisión de las exposiciones de los bancos a los criptoactivos y pretende equilibrar la innovación responsable del sector privado con una gestión sólida del riesgo bancario y la estabilidad financiera.

Desde la perspectiva de la Unión Europea, la norma del CSBB complementa la próxima regulación del sector de los criptoactivos a través del Reglamento sobre mercados de criptoactivos. Como siguiente paso, será clave que la Unión Europea y otras jurisdicciones de Basilea transpongan la norma de Basilea a su legislación antes de la fecha límite del 1 de enero de 2025.

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