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La transparencia en el control y ejecución de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, conocidos como Next Generation, es una de las exigencias principales de Bruselas a los países miembros para seguir recibiendo el dinero comprometido. De hecho, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de estas exigencias, se desplazó a España la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, al tener sospechas sobre la gestión que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

El primer problema que se detectó en España fue el funcionamiento deficiente del sistema informático Coffee, en el que tienen que volcarse todos los datos de los proyectos solicitados, por parte de las administraciones públicas. Esta situación llegó a retrasar la concesión del tercer desembolso, cifrado en 6.000 millones de euros, que se hizo efectivo el pasado 31 de marzo.

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