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“Las memorias de los ERE siempre tienen un exceso de información, las empresas te inundan con papeles para intentar despistar a los trabajadores, pero en este caso hubo uno con la paciencia suficiente como para estudiar y sistematizar más de mil ensayos de materiales, y eso sirvió para demostrar que la inmensa mayoría de los productos tenían suficiente calidad y que los problemas de la empresa no podían deberse a un deterioro de sus productos”, recuerda Ana Sánchez, secretaria general de la rama de Industria en CCOO Aragón, sobre el despido colectivo de la plantilla de Urbeni, que envió a la calle a la veintena de trabajadores que integraban la plantilla y que el Tribunal Supremo acaba de declarar ilegal tras constatar que la empresa no había hecho nada por mantener la actividad para seguir viva. Su declive había sido, en realidad, autoinfligido.

La Sala de lo Social del Supremo acaba de ratificar la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ya declaró a finales del año pasado que el despido colectivo no había sido “conforme a derecho”, lo que obliga a la empresa a optar entre readmitir a los trabajadores o a indemnizarlos por despido improcedente con cantidades de entre 6.500 y 102.000 euros.

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