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La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado hoy su proyecto final de Normas Técnicas de Regulación (RTS), en el que se especifica la información que los proveedores de servicios de crowdfunding deben proporcionar a los inversores sobre el cálculo de las puntuaciones de crédito y los precios de las ofertas de crowdfunding. El proyecto final de RTS también especifica un conjunto mínimo de normas comunes con respecto a la información que debe considerarse en la evaluación del riesgo crediticio y la valoración de los préstamos, así como las políticas subyacentes y los acuerdos de gobernanza.

Los inversores que utilizan las plataformas de crowdfunding pueden estar expuestos al riesgo de tener una información insuficiente, y/o una comprensión incompleta de la viabilidad de un proyecto de crowdfunding o de la diligencia debida realizada por los proveedores de servicios de crowdfunding.

Por lo tanto, es importante que se revele a los inversores información adecuada sobre cómo se calculan las puntuaciones de crédito y se fijan los precios de las ofertas de crowdfunding. Además, los inversores deben estar seguros de que los proveedores de servicios de crowdfunding están sujetos a un conjunto mínimo de normas comunes en términos de evaluación del riesgo crediticio, gobernanza y estructuras de gestión del riesgo.

En este contexto, estos proyectos finales de RTS especifican la información que los proveedores de servicios de crowdfunding deben revelar con respecto al método utilizado para calcular las puntuaciones de crédito asignadas a los proyectos de crowdfunding y los precios de las ofertas de crowdfunding, y cómo garantizar que el precio de los préstamos es realmente justo y adecuado. El proyecto final de RTS también especifica la información que se debe tener en cuenta al realizar la evaluación de la solvencia de los propietarios de los proyectos y de los proyectos de crowdfunding.

Por último, el proyecto final de RTS propone qué políticas y procedimientos deben tener los proveedores de servicios de crowdfunding para garantizar que los inversores estén adecuadamente informados, y que la evaluación del riesgo crediticio y la valoración de los préstamos se lleven a cabo de manera sólida y coherente.