Esta semana han sido publicadas las enmiendas al Proyecto de Ley Whistleblowing, en la que los distintos Grupos Parlamentarios han propuesto diversas modificaciones a esta norma. Desde UBT Legal & Compliance os compartimos las propuestas más relevantes:

• La obligación de implantar un canal de denuncias interno para aquellas empresas que tengan 50 trabajadores o más o que tengan un volumen de negocio superior a 1 millón de euros.

• La obligación de implantar un canal de denuncias en aquellas personas físicas y jurídicas del sector privado, que independientemente del número de trabajadores, hayan suscrito contratos con entidades del sector público por una cuantía de al menos 500.000 euros en el ejercicio anterior.

• Protección adicional a organizaciones o personas que hayan apoyado o apoyen al informante en el ámbito de la denuncia.

• Supresión del resultado económico del ejercicio anterior del infractor como criterio para la graduación de las sanciones.

• Supresión de la obligación de contar con un Delegado de Protección de Datos para aquellas organizaciones que tengan la obligación de contar con un canal de denuncias.

• La total autonomía del Responsable del canal de denuncias que “no podrá recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio, y deberá disponer de todos los medios personales y materiales necesarios […]”.

• El Responsable del canal de denuncias en el sector privado “será un directivo de la mercantil o empleado con la formación jurídica suficiente. En caso de existir el puesto, el responsable del sistema lo será quien asuma las competencias en materia de cumplimiento normativo.”.

• En relación con la admisión y posterior tramitación de las comunicaciones, “la información puede comunicarse de forma anónima. No obstante, su admisión y posterior tramitación solo tendrá lugar si el informante procede a su identificación, dado que la regulación proyectada ya prevé la garantía de confidencialidad de los datos del informante”.

• En relación con la gestión del canal de denuncias, “los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán delegar en la Diputación de la provincia en que se ubiquen la gestión del Sistema interno de información […]”. Dichos sistemas integran el canal de denuncias.

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