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Estamos viviendo un año clave en la lucha contra el greenwashing opostureo verde. Cada vez va a ser más difícil que las empresas se autodenominen sostenibles sin demostrarlo. En España, por primera vez una empresa del Ibex (Iberdrola) ha llevado a los tribunales a otra (Repsol), acusándola de competencia desleal por la publicidad sobre sus combustibles “100% renovables”. Por ahora, el primer veredicto, el de Autocontrol, da la razón a Repsol, pero está pendiente la decisión del Juzgado de Santander donde Iberdrola interpuso otra denuncia similar. Más noticias sobre inversión sostenible en elEconomista ESG.
A nivel de la UE, esta misma semana el Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva de Diligencia Debida o CSDDD, que multará a las empresas que socaven los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda su cadena de valor. Pero Europa trabaja en varias directivas más, incluida la Green Claims Directive, relativa a las alegaciones o eslóganes verdes que realizan las compañías (el Consejo Europeo la aprobó en febrero). En España, el Ministerio de Consumo ya ha comenzado a tramitar una Ley de Consumo Sostenible, que transpondrá dicha Directiva y que incluye sanciones de hasta 100.000 euros, “que podrían sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la práctica desleal”, según avanzó el Ministerio en marzo.
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