Esta noticia fue publicada previamente por Civio.

Nuevo revés a la transparencia de las aplicaciones que usan las administraciones públicas y que nos afectan. La Audiencia Nacional ha firmado una nueva sentencia en la que desestima el recurso presentado por Civio y mantiene la postura de la decisión judicial de 2022: no van a darnos el código fuente de BOSCO, el programa que decide quién recibe las ayudas para pagar la factura de la luz y que demostramos que tenía fallos y denegaba el descuento a personas que tenían derecho a él.

Además, nos impone 1.500 euros en costas, a pagar al Estado, que se suman a los 2.000 de la sentencia anterior, la que hace dos años tampoco aceptó nuestros argumentos contra la decisión inicial del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Un Consejo de Transparencia que, por el camino, ha cambiado de bando y ya no se opone a que accedamos al código fuente de BOSCO. Pero, pese a eso, la sentencia sigue alegando cosas como que facilitarnos el acceso supondría un daño a la propiedad intelectual (pese a que la aplicación se desarrolló por la propia administración), la protección de los datos personales que usa, la seguridad de prácticamente todos los sistemas informáticos de la administración y prácticamente todos los límites a la transparencia de la ley, sin especificar demasiado.

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