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A Lourdes Conesa una trama corrupta que anidó en el Ayuntamiento de Barcelona le arruinó la vida. Esta arquitecta municipal intentó frenar desde dentro de la institución a la mafia de los pisos turísticos de Ciutat Vella en 2008. Dieciséis años después, y una vez el caso ya tiene sentencia, Conesa ha terminado llevando al consistorio a los tribunales por no protegerla lo suficiente pese a recibir amenazas de los implicados en la trama.
La demanda de Conesa supone un pleito pionero en España sobre cómo las administraciones pueden resarcir a los denunciantes de corrupción. Pero tiene una particularidad que lo hace todavía más inusual: fue el propio Ayuntamiento de Barcelona quien, en el año 2022, abrió, por iniciativa propia (y no porque lo pidiera la arquitecta), el expediente de responsabilidad patrimonial para indemnizarla.
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