Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial.

El juez del Juzgado de Instrucción número 6 ha acordado admitir la denuncia de la Fiscalía contra Fernando Presencia por delitos de injuriasy/o calumnias y delito contra las altas instituciones del Estado por varias publicaciones difundidas en su página web en las que acusa al Presidente y magistrados del Tribunal Supremo, así como a la fiscal General del Estado de poseer cuentas bancarias en paraísos fiscales con importantes cantidades de dinero obtenidas por sobornos. 

El magistrado acepta la medida cautelar solicitada por la fiscalía de acordar el cierre de la página web www.acodap.com, con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de no atender al mismo. 

En su auto, Gadea acuerda tomar declaración como investigado a Presencia y ofrece la posibilidad de personarse como perjudicados a todos los magistrados afectados. 

El juez explica que a través de la página web de Acodap se solicita a los usuarios de internet que efectúen donaciones ( crowdfunding) en favor de la Asociación Acodap y /o de su presidente Fernando Presencia- quien se atribuye falsamente la condición de juez- como contribución económica para apoyar y hacer posible la lucha contra la corrupción. 

En relación con el cierre de la página web Gadea argumenta que hay que ponderar los intereses en conflicto( de un lado el derecho a la libertad  expresión y de otro la salvaguarda del orden público) y que   procede la medida,  “cuando existen indicios de la comisión de delitos que se estarían produciendo de manera flagrante mediante las publicaciones que integran la citada web”. 

El magistrado añade que “el ejercicio de la libertad de expresión no puede servir de excusa para el insulto, tampoco puede menoscabar la dignidad del ser humano y su propio valor como persona”. 

La medida de acordar el cierre cautelar de la web es por tanto, según Gadea, necesaria “para poder poner fin, en este momento, a la comisión de los delitos denunciados, sin que se aprecie otra opción menos gravosa e igualmente efectiva”. 

El magistrado ordena también oficiar a la Guardia Civil para que investigue los hechos de la denuncia, identifique todos los presuntos perjudicados e informe sobre las aportaciones que se realicen a Acodap.