Esta noticia fue publicada previamente por la Oficina Antifraude de Cataluña.

La Oficina Antifraude de Cataluña se convierte en la primera Autoridad independiente, en el ámbito estatal, que asume plenas competencias para la protección de las personas alertadoras, derivadas de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo , de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y que se concretó el pasado 20 de febrero con la transposición de la norma europea al ordenamiento español con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Estas nuevas competencias son una realidad después de que el Parlamento de Cataluña las haya aprobado el pasado viernes, 10 de marzo, en la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas y del sector público. Se otorga esta responsabilidad a Antifraude, avanzándose a la entrada en vigor de la Ley estatal, que lo hace, precisamente, hoy. Antifraude valora muy positivamente que el Parlamento de Cataluña haya aprobado esta norma y se haya avanzado a la entrada en vigor de la Ley estatal, convirtiéndose en el primer Parlamento de todo el Estado en dar este paso.

La disposición aprobada por el Parlamento catalán también establece que la Oficina Antifraude de Cataluña tendrá potestad sancionadora y potestades de ejecución de las resoluciones sancionadoras en los casos de protección a las personas alertadoras de corrupción.

Consulte la noticia original si desea conocer más.