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El Partido Laborista está estudiando endurecer la legislación contra el blanqueo de capitales, y podría revisar los planes estancados para que las profesiones inmobiliaria, contable y jurídica queden cubiertas por las protecciones contra el dinero sucio.
Junto con EE.UU. y Canadá, Australia es uno de los tres principales países desarrollados que carecen de leyes contra el blanqueo de capitales que cubran estos sectores clave, lo que llevó el año pasado a una comisión del Senado a pedir avances en las llamadas reformas del “Tramo 2”.
Los cambios obligarían a agentes de la propiedad inmobiliaria, abogados y profesionales de la fiscalidad a informar a las autoridades sobre transacciones sospechosas, como parte de una ampliación de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a la que se han resistido ferozmente los grupos de presión del sector.
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