Un avance significativo para la abogacía española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado recientemente la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, marcando un hito en el ámbito jurídico español. Esta normativa, largamente esperada por la comunidad legal, establece un marco claro para el ejercicio del derecho de defensa, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. La ley refuerza las garantías procesales de los ciudadanos y consolida el papel de los abogados en la administración de justicia, asegurando una asistencia letrada adecuada en todos los procedimientos, incluidos los extrajudiciales.

Implicaciones para la práctica legal y la protección ciudadana

La nueva ley otorga a los colegios de abogados la facultad de elaborar baremos orientativos de honorarios, proporcionando mayor transparencia en la relación abogado-cliente. Además, reconoce el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre los posibles costes de un proceso judicial y las consecuencias económicas de una eventual condena en costas. Para Salvador González, presidente de la Abogacía Española, esta normativa “consolida las garantías legales de los ciudadanos, dotando de una ley orgánica a un derecho esencial recogido en la Constitución”. La entrada en vigor de esta ley representa un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales y en la mejora de la calidad de la justicia en España.

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