El fallo obliga a la Mesa de las Cortes a reponer su puesto

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha fallado a favor de una funcionaria de las Cortes que fue apartada de su puesto tras denunciar presunto acoso laboral en el departamento jurídico del parlamento autonómico. El tribunal considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, en particular el de la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad, al no haberse justificado de forma objetiva y razonable su traslado forzoso. La sentencia obliga a la Mesa de las Cortes a restituir a la trabajadora en su puesto original.

Según los hechos recogidos por el TSJ, la empleada denunció situaciones de acoso que derivaron en un expediente administrativo poco transparente y, finalmente, en su reubicación fuera del departamento jurídico. La resolución judicial critica la falta de motivación del cambio de destino y destaca que la medida adoptada por la Mesa pudo suponer una represalia velada tras la denuncia presentada.

Derechos laborales y garantías frente al acoso institucional

Este caso pone de relieve la necesidad de contar con mecanismos efectivos para proteger a los empleados públicos que denuncian situaciones de acoso, especialmente cuando estas se producen en entornos institucionales. La sentencia del TSJCyL sienta un precedente importante en materia de garantías laborales y de protección frente a represalias en la administración pública.

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