Nueva estrategia integral contra la corrupción en el sector público

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El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, una norma integrada en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que introduce 84 medidas y modifica 18 leyes, seis de ellas orgánicas. El texto se articula en torno a cinco ejes: prevención y refuerzo de controles, investigación y sanción, sensibilización ciudadana, recuperación de activos y protección de informantes, con el aval de la OCDE en su diseño metodológico.

La norma prevé la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que integrará la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Además, amplía las obligaciones de transparencia de los partidos políticos —incluida la auditoría externa obligatoria y la reducción del umbral de publicación de donaciones—, refuerza los controles en contratación pública, generaliza los mapas de riesgo y potencia el uso de Big Data e Inteligencia Artificial para detectar fraudes en plataformas como la de Contratación del Estado y la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

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