Esta noticia fue publicada previamente por la Comisión Europea.
Las transferencias de criptoactivos serán rastreadas e identificadas para evitar el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos, según la nueva legislación acordada el miércoles.
Los negociadores del Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre un nuevo proyecto de ley que pretende garantizar que las transferencias de criptoactivos puedan ser siempre rastreadas y las transacciones sospechosas bloqueadas.
Trazabilidad desde el primer euro enviado
El acuerdo amplía la llamada “regla del viaje”, ya existente en las finanzas tradicionales, para cubrir las transferencias en criptoactivos. Esta norma exige que la información sobre el origen del activo y su beneficiario viaje con la transacción y se almacene a ambos lados de la transferencia. Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) estarán obligados a proporcionar esta información a las autoridades competentes si se lleva a cabo una investigación sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Como las transacciones de criptoactivos eluden fácilmente los umbrales existentes que activarían los requisitos de trazabilidad, los negociadores del Parlamento aseguraron que no hay umbrales mínimos ni exenciones para las transferencias de bajo valor, como se propuso inicialmente.
En cuanto a la protección de los datos personales, incluidos el nombre y la dirección exigidos por la norma de viajes, los negociadores acordaron que si no hay garantía de que la privacidad sea mantenida por el extremo receptor, esos datos no deberían ser enviados.
Frenar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Antes de poner los criptoactivos a disposición de los beneficiarios, los proveedores tendrán que verificar que la fuente del activo no está sujeta a medidas restrictivas o sanciones, y que no existen riesgos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Los negociadores acordaron que la creación de un registro público para los CASP no conformes y no supervisados, con los que los CASP de la UE no podrán comerciar, se contemplará en las normas sobre mercados de criptoactivos (MiCA), actualmente en negociación.
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