El jueves, los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) adoptaron, con 93 votos a favor, 14 en contra y 14 abstenciones, su posición sobre el proyecto de legislación que refuerza las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Trazabilidad de las transferencias de criptoactivos

Según los nuevos requisitos acordados por los eurodiputados, todas las transferencias de criptoactivos tendrán que incluir información sobre el origen del activo y su beneficiario, información que se pondrá a disposición de las autoridades competentes. Las normas también cubrirán las transacciones desde los llamados monederos no alojados (una dirección de monedero de criptoactivos que está bajo la custodia de un usuario privado). Las soluciones tecnológicas deberían garantizar que estas transferencias de activos puedan ser identificadas individualmente.

El objetivo es garantizar que las transferencias de criptomonedas puedan ser rastreadas y las transacciones sospechosas bloqueadas. Las normas no se aplicarían a las transferencias de persona a persona realizadas sin un proveedor, como las plataformas de comercio de bitcoins, o entre proveedores que actúan en su propio nombre.

Sin umbrales mínimos

Debido a su velocidad y naturaleza virtual, las transacciones de criptoactivos eluden fácilmente las normas existentes basadas en umbrales de transacción. Por ello, los eurodiputados han decidido eliminar los umbrales mínimos y las exenciones para las transferencias de bajo valor.

Registro público de entidades de alto riesgo

Los eurodiputados quieren que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) cree un registro público de empresas y servicios relacionados con los criptoactivos que puedan tener un alto riesgo de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y otras actividades delictivas, incluyendo una lista no exhaustiva de proveedores no conformes.

Antes de poner los criptoactivos a disposición de los beneficiarios, los proveedores tendrían que verificar que la fuente del activo no está sujeta a medidas restrictivas y que no existen riesgos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

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