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El Consejo de Ministros ha presentado, este pasado viernes 4 de marzo, el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, como resultado de la transposición de una directiva comunitaria sobre la materia.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha concretado que el objetivo de la transposición de esta directiva es proteger a esas personas que informan de asuntos relacionados con la corrupción, con fraudes o violaciones de leyes en los países de la Unión Europea o de infracciones del derecho interno.
Con esta norma, cualquier ciudadano, trabajador o funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional, y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia, incluido su entorno si fuera necesario.
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