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Más de la mitad de las formaciones políticas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas carecían a principios de 2021 de un sistema de prevención de riesgos penales, pese a que todos los partidos están obligados a contar con un programa de medidas anticorrupción desde la reforma de la Ley de Partidos de 2015.
En concreto, según consta el último informe de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos, 14 de las 25 formaciones analizadas no habían adoptado en su normativa interna un sistema de prevención de riesgos penales al no haber aprobado al cierre del ejercicio 2020 ninguno de sus elementos esenciales: órgano de vigilancia, mapa de riesgos, canal ético, código de conducta y sistema disciplinario y revisión periódica.
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