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La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha publicado hoy los resultados de su evaluación de las respuestas de las autoridades competentes a las filtraciones de Luanda de 2020. La EBA descubrió que las autoridades competentes de toda la UE adoptaron enfoques significativamente diferentes para identificar y abordar los riesgos de blanqueo de capitales (BC) y financiación del terrorismo (FT) puestos de manifiesto por las filtraciones. Estos enfoques variaban más allá de lo que la ABE habría esperado con un enfoque basado en el riesgo.

La información contenida en los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre los asuntos financieros de Isabel dos Santos o sus asociados suscitó una serie de preocupaciones, entre las que se incluía el riesgo de que las instituciones financieras de la UE estuvieran manejando el producto de la corrupción.

La ABE se esforzó por conocer las medidas que las autoridades competentes en materia de PBC/FT de la UE habían adoptado para evaluar los riesgos de BC/FT a los que estaba expuesto su sector, a la luz de esta información. La EBA descubrió que más de la mitad de las autoridades competentes evaluaron la información proporcionada en los documentos filtrados del ICIJ. Varias de esas autoridades identificaron posteriormente instituciones que tenían vínculos con Isabel dos Santos y sus asociados, a pesar de que estas instituciones no habían sido mencionadas explícitamente por el ICIJ. Por otro lado, otras autoridades competentes no tomaron ninguna medida cuando se hicieron públicas las filtraciones. Esto sugiere que existe el riesgo de que los productos de la corrupción relacionados con Isabel dos Santos y sus asociados no hayan sido detectados y puedan seguir blanqueándose a través del sector financiero de la UE. Además, la ABE observó que no todas las autoridades competentes aprovecharon los canales de cooperación existentes para intercambiar información y mejorar su comprensión de los riesgos de BC/FT a los que estaba expuesto su sector en este contexto.

Las actuales directrices de la EBA establecen expectativas claras sobre la forma en que las autoridades competentes deben identificar, evaluar y gestionar los riesgos de BC/FT puestos de manifiesto por las filtraciones de Luanda de forma holística y en todos los ámbitos de la supervisión. La ABE también identificó buenas prácticas en algunos Estados miembros, incluidas las medidas adoptadas por las autoridades competentes para establecer procesos específicos para identificar y reaccionar rápidamente ante los casos de riesgo de BC/FT cristalizado, como fue el caso de las filtraciones de Luanda.

Antecedentes y base jurídica
En enero de 2020, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó cientos de documentos filtrados que se centraban en los asuntos financieros de la Sra. Isabel dos Santos, hija de un ex presidente de Angola, y de varias empresas y personas vinculadas a ella. En su Resolución de 10 de julio de 2020 sobre una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el Plan de Acción de la Comisión y otros acontecimientos recientes (2020/2686(RSP)), el Parlamento Europeo pidió a la EBA que llevara a cabo una investigación sobre las revelaciones de Luanda Leaks[1] Para responder a la petición del Parlamento Europeo, la EBA llevó a cabo una investigación en virtud del artículo 9 bis, apartado 5, del Reglamento de la EBA. Era la primera vez que la ABE utilizaba el instrumento de investigación a su disposición consagrado en el artículo 9 bis, apartado 5, del Reglamento de la EBA, que faculta a la EBA para realizar evaluaciones de riesgo de las estrategias, capacidades y recursos de las autoridades competentes para hacer frente a los riesgos emergentes más importantes relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a escala de la Unión.