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La actualización digital de la Administración de Justicia está cada vez más cerca de convertirse en una realidad.

El imparable avance de la tecnología es incuestionable. Así como sus múltiples aplicaciones en un número cada vez mayor de actividades y procesos de diversas esferas, a nivel organizacional e individual. En este contexto, es necesaria una adaptación de las administraciones públicas para dar respuesta con mayor agilidad a las nuevas exigencias sociales; y para alinearse con la regulación europea.

Y ése es precisamente, el propósito que se persigue con la elaboración de la Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, que ya recibió el pasado octubre la aprobación del Consejo de Ministros.

El informe de la Comisión Nacional de Mercados de Competencia

La Comisión Nacional de Mercados de Competencia (CNMC) ha procedido a analizar el texto, y ha emitido un informe plasmando el resultado de su valoración, así como algunas recomendaciones y propuestas de mejora.

En general, las conclusiones de su análisis del proyecto normativo son favorables. Especialmente, por el propósito de crear “un entorno jurídico y administrativo a la altura de los nuevos desafíos”. También, por facilitar la constitución online de sociedades de responsabilidad limitada con aportaciones dinerarias sin necesidad de intervención de un notario. Como mejora, recomienda posibilitar también la creación en línea de otros modelos societarios con aportaciones de carácter no dinerario.

Recomendaciones

En lo relativo a recomendaciones, la institución insta a aclarar si el requisito de geolocalización que contiene la regulación se establece para los notarios o para los otorgantes, y recomienda suprimirlo si está dirigido a estos últimos.

También plantea revisar la posibilidad de que el Índice Único Informatizado proporcione una ventaja para los notarios, afectando al equilibrio de la operativa del mercado y a la competencia justa.

Una de las preocupaciones de la CNMC es que con la digitalización de la Justicia se perjudique la tutela judicial efectiva; ya que hay personas que carecen de medios informáticos.

La Comisión ha declarado, en definitiva, que la transformación digital no deberá constituir impedimentos para empresas o consumidores, sino eliminarlos.

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Observatorio De Privacidad y Derecho Digital AUTELSI