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Tras una investigación conjunta dirigida por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), un grupo de nueve personas y empresas de Italia y Rumanía serán juzgadas en Rumanía acusadas de defraudar casi 850.000 euros de fondos agrícolas de la UE destinados a la producción de tomates.

En estrecha colaboración con la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) rumana y la Fiscalía de la comuna italiana de Enna, la OLAF descubrió una serie de prácticas potencialmente fraudulentas que incluían la presentación de documentos falsos, la creación de empresas ficticias y declaraciones de tierras falsas para obtener ilegalmente los fondos.

Nueve acusados están ahora formalmente acusados de la trama de fraude en Rumanía: cinco ciudadanos italianos y cuatro personas jurídicas rumanas. Serán juzgados por formar una banda criminal con la intención de obtener ilegalmente fondos agrícolas de la UE en Rumanía.

La OLAF se involucró en 2018*, a raíz de los informes sobre la posible orientación de los fondos agrícolas de la UE en Rumanía por parte de un grupo de italianos. Después de que las investigaciones iniciales lo confirmaran, en 2019* se creó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) formado por la OLAF, la DNA rumana y la Fiscalía de Enna para seguir el asunto.

El ECI descubrió una serie de complejas y sofisticadas irregularidades relacionadas con el fraude. El presunto grupo criminal creó empresas ficticias con sede en Rumanía con el único propósito de recibir subvenciones de la UE y sin ninguna intención de cultivar tomates.

Al parecer, utilizando documentos falsificados, como contratos de arrendamiento y facturas falsas, consiguieron obtener 850.000 euros, lo que supone aproximadamente una cuarta parte de todas las subvenciones agrícolas de la UE asignadas a Rumanía para la producción de tomates* en 2017. Sin embargo, ni un solo céntimo de ese dinero parece haberse gastado en la agricultura o en Rumanía. Al parecer, tan pronto como se pagó la subvención, el dinero se transfirió a cuentas bancarias en Italia, donde se retiró rápidamente y se utilizó para financiar otras actividades delictivas. También se supo que el mismo grupo podría haber empleado tácticas similares antes en Rumanía.

La OLAF cerró su investigación en octubre de 2020 con recomendaciones judiciales para las autoridades judiciales rumanas e italianas, y una recomendación financiera a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea para que recupere el importe total de 850.000 euros.