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La Securities and Exchange Commission ha anunciado hoy cargos contra la empresa minera y metalúrgica Rio Tinto plc por infracciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) derivadas de una trama de sobornos relacionada con un consultor en Guinea. La empresa ha acordado pagar una multa civil de 15 millones de dólares para resolver las acusaciones de la SEC.

La orden de la SEC concluye que, en julio de 2011, Rio Tinto contrató a un banquero de inversión francés y amigo íntimo de un antiguo alto funcionario del gobierno guineano como consultor para ayudar a la empresa a conservar sus derechos mineros en la región montañosa de Simandou, en Guinea. El consultor empezó a trabajar en nombre de Rio Tinto sin un acuerdo por escrito que definiera el alcance de sus servicios o los resultados esperados. Finalmente, los derechos mineros se conservaron y el consultor recibió 10,5 millones de dólares por sus servicios, que Rio Tinto nunca verificó. La investigación de la SEC descubrió que el consultor, actuando como agente de Rio Tinto, ofreció e intentó realizar un pago indebido de al menos 822.000 dólares a un funcionario del gobierno guineano en relación con los esfuerzos del consultor para ayudar a Rio Tinto a retener sus derechos mineros. Además, ninguno de los pagos al consultor se reflejó con exactitud en los libros y registros de Rio Tinto, y la empresa no dispuso de suficientes controles contables internos para detectar o prevenir la conducta indebida. La mina no ha sido explotada por Rio Tinto.

“Incluso los controles bien diseñados necesitan gestores comprometidos para ser eficaces”, dijo Charles E. Cain, Jefe de la Unidad FCPA de la División de Ejecución de la SEC. “En este caso, los controles deficientes no fueron rival para unos directivos decididos a contratar a un consultor cuya única cualificación ostensible era una relación personal con un alto funcionario del gobierno.”

Rio Tinto aceptó la orden de la SEC sin admitir ni negar las conclusiones de que infringió las disposiciones sobre libros y registros y controles contables internos de la Ley de Mercado de Valores de 1934 y acordó pagar una multa civil de 15 millones de dólares.

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