El gobierno de coalición introdujo en 2010 una legislación para racionalizar las leyes anticorrupción del Reino Unido y eliminar una miríada de delitos arcaicos y dispares.
Pero en la semana en la que los investigadores del fraude han llegado a otros dos acuerdos de procesamiento diferido con empresas, hay opiniones encontradas sobre si la Bribery Act ha estado a la altura de lo que se dice de establecer el “estándar de oro” y liderar la lucha mundial contra los delitos empresariales.
Algunos la calificaron de “carta de los fiscales”, ya que el nuevo delito de corrupción por “omisión de prevención” facilitaba que las empresas fueran sentadas en el banquillo de los acusados. Sin embargo, a juzgar por el escaso número de procesamientos, podría decirse que la legislación ha fracasado. No obstante, el informe del comité selecto de la Cámara de los Lores de 2019 describió la ley como “una excelente pieza legislativa”, aunque señaló que el número de procesamientos había sido “bajo”.
El primero, presentado por la Fiscalía de la Corona en 2011, fue el de un secretario judicial que se declaró culpable de aceptar un soborno de 500 libras para hacer desaparecer una denuncia por exceso de velocidad. Esa temprana condena, dice Peter Binning, socio del bufete de abogados Corker Binning, “presagiaba una década poco gloriosa de resultados reales de aplicación de la ley, al menos en lo que respecta a los individuos”.
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