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Hasta diez años de prisión, 40 millones de euros o el 5% de la facturación anual: estas son las nuevas sanciones contra aquellos que atenten en la UE contra los hábitats naturales y la biodiversidad que albergan, extraigan agua de manera ilegal, trafiquen con madera o especies y realicen vertidos ilegales de residuos o promuevan su traslado a terceros países, entre otras infracciones. La cuantía de las penas y las multas dependerá de la gravedad, la persistencia o el carácter irreversible de los daños. Asimismo, las empresas podrán ser sancionadas con medidas adicionales como su exclusión del acceso a financiación pública o la retirada de todos sus permisos o autorizaciones de actividad en la UE.

Los delitos medioambientales, que a menudo tienen carácter transfronterizo, son muy lucrativos y, sin embargo, difíciles de detectar, perseguir y castigar, por lo que en los últimos se han convertido en uno de los principales campos de actuación para los grupos de delincuencia organizada. Se trata de la llamada ‘ecodelincuencia’, que se ha convertido en la tercera actividad delictiva más cometida en el mundo (según datos UE), tras el tráfico de armas y de drogas. En la UE este tipo de delitos están aumentando un siete por ciento cada año.

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