Esta noticia fue publicada previamente por la página web oficial del gobierno británico.

La nueva Ley de Transparencia y Represión de los Delitos Económicos británica ha recibido la aprobación real esta madrugada (15 de marzo), tras su paso acelerado por el Parlamento de las islas.

Introducida tras la invasión rusa de Ucrania, la nueva legislación permitirá al Gobierno actuar con mayor rapidez para imponer sanciones a los oligarcas ya designados por nuestros aliados, así como intensificar la aplicación de nuestras sanciones. El Ministro de Asuntos Exteriores expondrá más tarde otras sanciones que han sido posibles gracias a nuestros nuevos poderes.

También se creará, en virtud de la ley, un nuevo Registro de Entidades de Ultramar, que exigirá a quienes estén detrás de empresas extranjeras que posean propiedades en el Reino Unido que revelen su identidad. Las entidades que se nieguen a revelar su “beneficiario efectivo” se enfrentarán a duras restricciones a la hora de vender la propiedad, y quienes incumplan las normas podrían enfrentarse a una multa de hasta 2.500 libras esterlinas al día o hasta 5 años de cárcel. Esto será una valiosa herramienta para las fuerzas del orden en la investigación de patrimonios sospechosos. El Registro Mercantil comenzará a trabajar para poner en marcha el registro lo antes posible, en estrecha colaboración con los tres registros de la propiedad del Reino Unido. Todas las empresas extranjeras que vendan propiedades entre el 28 de febrero y la plena implantación del registro también deberán presentar sus datos en el punto de venta.

Las reformas de las Órdenes de Riqueza Inexplicable (UWOs por sus siglas en inglés) eliminarán los principales obstáculos a su uso, aumentando el tiempo disponible para que las fuerzas del orden revisen el material proporcionado en respuesta a una UWO y protegiéndolas de incurrir en costos legales sustanciales si actúan razonablemente en un caso que finalmente no tiene éxito.

Además, las UWOs serán más eficaces contra aquellos que posean propiedades en el Reino Unido a través de fideicomisos y otras estructuras de propiedad complejas. El Gobierno también se ha comprometido a publicar un informe anual sobre su uso.