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El Juzgado de lo Social nº 3 de Pontevedra declara procedente el despido de una trabajadora por negarse a realizarse el test de antígenos diario y exigible en la residencia de ancianos donde trabajaba. El Juzgado considera que existe una desobediencia grave puesto que era de obligado cumplimiento para la residencia acatar las instrucciones dadas desde la Conselleria, para evitar el riesgo de contagio a los residentes especialmente vulnerables.
La Conselleria de Sanidad de Galicia elaboró una serie de protocolos, remitiendo a las residencias de ancianos una encuesta epidemiológica diaria y de obligado cumplimiento. Todo el personal, estuviera vacunado o no, debía someterse a los test de saliva.
La trabajadora se negó a realizar dichos test, lo que motivó su despido por constituir una desobediencia grave. Sin embargo, recurrió el despido, ya que consideraba vulnerada su libertad ideológica, su honor y su la integridad física. La recurrente acusó a la empresa de torturas y alegó que no se negaba sin más, sino que antes de realizarse dichas pruebas que considera invasivas, quería conocer el por qué se tenía que someter a ellas de forma obligatoria.
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