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Las Cortes han aprobado la nueva la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, que tiene por objeto la regulación de esta materia en el ámbito estatal, así como establecer determinadas normas aplicables a la prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma. También establece las normas básicas para la prestación del servicio de comunicación audiovisual autonómico y local, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y los entes locales en sus respectivos ámbitos.

La Ley pretende, además de actualizar el marco jurídico general con la intención de favorecer el desarrollo ordenado del mercado audiovisual, establecer las mismas reglas del juego para los diferentes actores que compiten en el sector, así como garantizar los derechos de los usuarios, entre ellos la protección de los menores y del público en general respecto de determinados contenidos, y la igualdad efectiva de mujeres y hombres en este ámbito.

Mediante esta Ley, que deroga la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual, se incorpora al derecho español la Directiva 2010/13/UE de 10 de marzo, de servicios de comunicación audiovisual) y también, de manera completa, la Directiva (UE) 2018/1808 de 14 de noviembre.