Esta noticia fue publicada previamente por Ballard Spahr.

En Estados Unidos, la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (” Federal Reserve “), la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (” FDIC “) y la Oficina del Contralor de la Moneda (” OCC “) (colectivamente, las ” Agencies “) publicaron el 23 de noviembre una breve Declaración Conjunta sobre la Iniciativa de la Política de Criptoactivos y los próximos pasos (” Declaración Conjunta “), en la que se anunciaba -sin más detalles concretos- que habían elaborado una “hoja de ruta de los criptoactivos” con el fin de proporcionar una mayor claridad en 2022 a los bancos sobre la permisibilidad de determinadas actividades con criptoactivos. Sólo la semana anterior, el Consejero Jefe de la OCC emitió la Carta Interpretativa #1179, que confirmó que un banco podría participar en ciertas actividades de criptomoneda, libro mayor distribuido y stablecoin – en consonancia con las cartas anteriores de la OCC – siempre y cuando un banco demuestre que tiene suficientes controles en el lugar, y primero obtenga una notificación por escrito de “no objeción” por su oficina de supervisión. En este artículo se analizarán ambas publicaciones.

Existe un gran solapamiento entre las actividades bancarias a las que se hace referencia en la Declaración Conjunta y en la Carta Interpretativa nº 1179. La claridad de 2022 prometida por la “hoja de ruta” presumiblemente sustituirá, una vez emitida, a la Carta Interpretativa nº 1179, que parece funcionar como un parche general hasta que las publicaciones de 2022 proporcionen, con suerte, más detalles sobre cómo los bancos pueden lograr el cumplimiento.

Los reguladores bancarios federales han estado ocupados en este espacio. Estos pronunciamientos se producen poco después de un informe sobre las stablecoins publicado a principios de noviembre por las agencias y el Grupo de Trabajo del Presidente de los Estados Unidos sobre los Mercados Financieros, en el que se describían los riesgos percibidos en relación con el aumento del uso de las stablecoins y se destacaban tres preocupaciones: los riesgos para las normas que rigen el cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales (“AML”), los riesgos para la integridad del mercado y los riesgos prudenciales generales.

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