Esta noticia fue publicada previamente por el Diario de Castilla y León.
El sistema interno de denuncias de la Junta –creado para canalizar cualquier información sobre una posible infracción dentro de la Administración autonómica– ha recibido ocho comunicaciones en su primer año en funcionamiento. La mitad de ellas fueron formuladas por personas que se identificaron y las otras cuatro, por denunciantes que prefirieron mantener su anonimato.
Ofrecer garantías a quien tiene conocimiento o sospechas de una irregularidad administrativa es uno de los objetivos de este canal de denuncias que Castilla y León puso en funcionamiento en mayo de 2023 para cumplir con la ley nacional 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, que a su vez traspone una directiva europea, la llamada directiva ‘whistleblowing’, que alude al concepto anglosajón de ‘tocar el silbato’.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Basic-Fit sufre el robo de datos de un millón de socios en Europa
- Condenan al ex director de Lafarge por financiar a yihadistas en Siria
- Booking notifica un ciberataque con acceso a datos de reservas
- El EDPB adopta una plantilla para reforzar la coherencia en las DPIA
- AMLA impulsa una metodología común para evaluar riesgos en el sector no financiero
- La ley antiblanqueo exigirá identificar a los clientes de criptocajeros
