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La jueza del caso Erial, Isabel Rodríguez, ha dictado un auto de procedimiento abreviado en el que propone el procesamiento del exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y otras 19 personas a las que atribuye delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental. Además del también expresidente de la Generalitat, la magistrada quiere sentar en el banquillo a su sucesor y expresidente de Bancaja, el también exdirigente del Partido Popular José Luis Olivas; al que fue jefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco García; a los hermanos Vicente y Juan Cotino, o a los supuestos testaferros en las operaciones bajo sospecha, como Joaquín Barceló ‘Pachano’ y Francisco Grau.

La instructora sostiene en su escrito, al que tuvo acceso El Confidencial, que existen indicios de una organización formada por personas que, aprovechándose, algunas de ellas, de los cargos políticos que ostentaban, “facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos. Esos beneficios fueron objeto de blanqueo y otros delitos”. Durante la instrucción, se han bloqueado más de nueve millones de euros y activos, tanto en cuentas en España como en el extranjero. La investigación ha destapado una trama de sociedades, algunas situadas en paraísos fiscales y estados europeos de baja fiscalidad como Luxemburgo o Países Bajos. La investigación sitúa el origen del dinero en comisiones que los Cotino habrían pagado por concesiones de estaciones de ITV y parques eólicos adjudicados por la Generalitat Valenciana.

El dinero estuvo un tiempo gestionado desde Luxemburgo por Beatriz Paesa, sobrina del que fue espía del Cesid, Francisco Paesa. Luego pasó a manos de otro asesor, el uruguayo Fernando Belhot, testigo clave en la causa, porque ha explicado que Zaplana era el verdadero titular de los fondos.

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