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La Comisión Europea ha presentado hoy la revisión de dos conjuntos de normas de la UE para mejorar los derechos de los consumidores en un mundo reconfigurado por la digitalización y la pandemia de COVID-19. La Comisión refuerza la red de seguridad para los consumidores de la UE, por ejemplo, velando por que los productos peligrosos se retiren del mercado o por que las ofertas de crédito se presenten a los consumidores de forma clara y fácil de leer en dispositivos digitales. La propuesta actualiza tanto la Directiva relativa a la seguridad general de los productos vigente como las normas de la UE en materia de crédito al consumo para proteger a los consumidores.

Las ventas en línea se han incrementado de forma continua a lo largo de los veinte últimos años y, en 2020, el 71 % de los consumidores compró en internet, a menudo nuevos productos tecnológicos. Desde cascos inalámbricos y purificadores de aire hasta consolas de juegos, el mercado de artículos tecnológicos es inmenso. El Reglamento relativo a la seguridad general de los productos hará frente a los riesgos relacionados con esos nuevos productos tecnológicos, tales como los riesgos de ciberseguridad, y con las compras en línea mediante la introducción de normas de seguridad de los productos para los mercado en línea. Garantizará que sean seguros todos los productos que lleguen a los consumidores de la UE, a través de mercados en línea o comprados en la tienda de la esquina, procedan o no de la UE. El nuevo Reglamento hará que todos los mercados se atengan a sus obligaciones, de manera que los consumidores no acaben teniendo productos peligrosos.

La revisión de la Directiva relativa al crédito al consumo dispone que la información acerca de los créditos se presente de forma clara y adaptada a los dispositivos digitales, de modo que los consumidores entiendan lo que firmen. Además, la Directiva mejorará las normas relativas a la evaluación de la solvencia, esto es, si un consumidor será capaz o no de reembolsar el crédito, a fin de prevenir el problema del sobreendeudamiento. La normativa exigirá a los Estados miembros que fomenten la educación financiera y que velen por que los consumidores tengan asesoramiento en materia de endeudamiento.

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