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Wells Fargo sigue pagando y pagando por su ineptitud en materia de cumplimiento. En el último capítulo de la saga, el gran banco ha acordado un acuerdo de mil millones de dólares en una demanda colectiva de valores que acusó a la firma financiera de mentir sobre el progreso de las reformas de cumplimiento requeridas.

En 2018, Wells Fargo firmó órdenes de consentimiento con tres reguladores: la Junta de la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), derivadas de un escándalo de cuentas de clientes falsas. Estas órdenes de consentimiento exigían a Wells Fargo que corrigiera los fallos de cumplimiento que habían permitido que se produjeran prácticas fraudulentas sistémicas en el banco. Como parte de su orden de consentimiento, la Junta de la Reserva Federal emitió un límite de activos sin precedentes que prohibía a Wells Fargo ampliar sus activos hasta que hubiera cumplido plenamente su orden de consentimiento.

La demanda de los accionistas -presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en nombre de los administradores de pensiones en Mississippi y Rhode Island- alegó que los altos ejecutivos de Wells Fargo hicieron repetidamente declaraciones falsas y engañosas a los inversores sobre el estado del cumplimiento de Wells Fargo con las órdenes de consentimiento de 2018 y el calendario para levantar el límite de activos.

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