Esta noticia fue publicada previamente por Ballard Spahr.

El 6 de diciembre, el FinCEN anunció que iba a publicar una Notificación Anticipada de Propuesta de Reglamentación (“AMPRM” por sus siglas en inglés) para solicitar comentarios públicos sobre los posibles requisitos de la Ley de Secreto Bancario (“BSA” por sus siglas en inglés) para que ciertas personas involucradas en transacciones inmobiliarias recopilen, informen y retengan información. Si se finaliza, esta normativa podría afectar a todo un nuevo conjunto de profesionales y a uno de los mayores sectores de Estados Unidos, un sector que, hasta ahora, no ha estado sujeto a los requisitos de la BSA, con limitadas excepciones.

El ANPRM prevé la imposición de requisitos de mantenimiento de registros y presentación de informes en todo el país a determinados participantes en operaciones de compra de bienes inmuebles no financiados, sin un umbral mínimo de dinero. Fundamentalmente, el FinCEN destaca dos normas alternativas propuestas. Una opción propuesta, promulgada en virtud del artículo 31 U.S.C § 5318(a)(2), implicaría la aplicación de requisitos de información específicos y relativamente limitados, similares a los que se exigen actualmente a las compañías de seguros de títulos en el mercado inmobiliario no financiado. Esta norma exigiría a las personas cubiertas que recopilaran y comunicaran cierta información prescrita, como, presumiblemente, la titularidad efectiva. Por otra parte, la FinCEN está estudiando la posibilidad de imponer requisitos más exhaustivos de supervisión y notificación de la lucha contra el blanqueo de capitales, incluida la presentación de informes de actividades sospechosas y el establecimiento de programas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con arreglo al artículo 5318(g)(1) y al artículo 5318(h)(1)-(2) del Código de los Estados Unidos. Esta última opción exigiría a las personas cubiertas adoptar políticas adecuadas de PBC/FT, designar un responsable del cumplimiento de la PBC/FT, establecer programas de formación en materia de PBC/FT, realizar pruebas de cumplimiento independientes y llevar a cabo la debida diligencia con los clientes.

En particular, la FinCEN sugiere que toda nueva norma puede abarcar a los abogados y los bufetes de abogados, junto con otros participantes de cara al cliente. La FinCEN también está estudiando la posibilidad de establecer normas aplicables a las transacciones inmobiliarias, tanto residenciales como comerciales.

Como ya hemos dicho, el tema de los bienes inmuebles y el blanqueo de capitales lleva mucho tiempo en el candelero. En repetidas ocasiones hemos escrito en el blog sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y el sector inmobiliario, y anteriormente publicamos un capítulo detallado, The Intersection of Money Laundering and Real Estate (La intersección del blanqueo de capitales y el sector inmobiliario), en Anti-Money Laundering Laws and Regulations 2020 (Leyes y reglamentos contra el blanqueo de capitales 2020), una publicación editada por International Comparative Legal Guides. El ANPRM de FinCEN parece representar la culminación de una marcha inevitable hacia la emisión de reglamentos en virtud de la BSA en relación con las transacciones inmobiliarias, tras años de creciente atención por parte del gobierno de EE.UU. y otros sobre los riesgos percibidos de ALD en la industria inmobiliaria.

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