Este artículo fue publicado previamente por The Guardian.

A El Salvador le esperan unas semanas tumultuosas mientras se prepara para convertirse en el primer país en adoptar el Bitcoin, la moneda digital descentralizada más popular del mundo, como moneda de curso legal el 7 de septiembre. Con ese plazo a la vista, una serie de retos -tecnológicos, financieros y criminales- amenazan con hundir el plan del presidente, Nayib Bukele, de sacar a la economía centroamericana de sus actuales aguas agitadas a lomos de una ola de criptodivisas.

El Zonte, un pueblo surfista con unos 3.000 habitantes y una playa de arena negra y guijarros, es un lugar poco probable para una revolución financiera global. Pero desde 2018 el proyecto Bitcoin Beach del pueblo ha sido una placa de petri para la adopción de criptodivisas. Respaldado por donantes californianos, el proyecto entregó 50 dólares (36 euros) en Bitcoin a cada familia local, fomentó la adopción de la criptodivisa por parte de los vendedores locales y pagó con ella decenas de proyectos sociales, desde el socorrismo hasta la recogida de basuras.

“Ahora puedes comprar comida, pupusas o pagar tu internet con Bitcoin”, dice José Roman Martínez, de 30 años, uno de los fundadores de Bitcoin Beach. “Para muchas personas es la primera vez que reciben un pago digital”.

El interés de los turistas expertos en criptografía por el proyecto ha dado un nuevo impulso a El Zonte y ha provocado un boom inmobiliario en la localidad, según Martínez. “Cuando yo era un niño, lo único que querían hacer los salvadoreños era cruzar la frontera e irse a Estados Unidos. Ahora los niños de aquí sueñan con cosas mejores”.

¿Puede un experimento de economía circular respaldado por un puñado de criptoevangelistas extranjeros reproducirse a nivel nacional? Los salvadoreños no han podido opinar hasta ahora, pero están a punto de averiguarlo.

Bukele anunció su plan de elevar el Bitcoin a moneda de curso legal en junio (un mes antes de su 40º cumpleaños) con su habitual elan milenario: a través de un enlace de vídeo a una conferencia sobre criptodivisas en Miami. Desde entonces, al igual que Elon Musk con un mandato presidencial, ha lanzado prolíficamente memes y promesas sobre Bitcoin en su cuenta de Twitter.

Apenas cinco días después del anuncio, los legisladores aprobaron el proyecto de ley por amplia mayoría. Se está desarrollando un monedero digital nacional llamado Chivo – argot local para “guay” – en el que se cargarán 30 dólares de Bitcoin en cada uno como saldo inicial. Las transacciones en Bitcoin estarán exentas del impuesto sobre las ganancias de capital, y los extranjeros que inviertan tres Bitcoins en el país (unos 120.000 dólares) obtendrán la residencia.

En agosto, una nota de investigación de Bank of America se entusiasmó con la capacidad de la nueva ley para reducir el coste de las transacciones transfronterizas (las remesas representan el 20% del PIB de El Salvador), aumentar la penetración digital en un país en el que el 70% de la población aún no utiliza los bancos, y atraer la inversión extranjera como primer paso en la adopción de la criptodivisa.

Desde entonces, sin embargo, el veredicto de las organizaciones financieras internacionales -y de los propios salvadoreños- se ha vuelto decididamente pesimista.

“La ley se adoptó muy rápidamente, sin un estudio técnico ni un debate público”, dice Ricardo Castañeda, economista local. “No creo que el presidente haya entendido bien las implicaciones de la ley, su potencial para causar graves problemas macroeconómicos y convertir al país en un paraíso para el lavado de dinero”.

Todavía no se ha publicado el marco normativo para su aprobación y hay rumores de retrasos en la aplicación Chivo. Los banqueros de la capital dicen haber recibido llamadas de clientes ansiosos que amenazan con retirar sus depósitos antes que arriesgarse a exponerse a los volátiles mercados de criptomonedas.

La agencia de calificación Moody’s rebajó la calificación de la deuda salvadoreña por el temor al “debilitamiento de la gobernanza” evidenciado por la nueva ley, y el FMI -con el que el gobierno está negociando un préstamo de 1.000 millones de dólares- publicó un artículo en su blog destacando los riesgos de adoptar la criptomoneda como moneda nacional.