Organizaciones anticorrupción cuestionan la legalidad de la derogación

Esta noticia ha sido publicada previamente por Hay Derecho.

Tres reconocidas organizaciones anticorrupción —Acción Cívica, +Democracia y Hay Derecho— han presentado una demanda contra la Agencia Valenciana Antifraude tras la derogación de su código ético. Las entidades consideran que la supresión de este instrumento vulnera principios básicos de transparencia y buen gobierno, además de contradecir la normativa vigente en materia de integridad institucional.

El código ético había sido aprobado en 2022 y contenía directrices clave sobre el comportamiento de altos cargos, la prevención de conflictos de intereses y la rendición de cuentas. La decisión de eliminarlo sin consulta previa ni justificación pública ha encendido las alarmas entre expertos y sociedad civil, que temen un retroceso en la cultura de cumplimiento en el ámbito público valenciano.

Impacto institucional y defensa del interés público

Las organizaciones demandantes argumentan que el código formaba parte del marco normativo de la propia Agencia, y que su derogación podría haberse producido con desviación de poder. Además, subrayan que la medida debilita la legitimidad de un organismo clave en la lucha contra la corrupción en la Comunitat Valenciana. El proceso judicial en curso pretende restituir la vigencia del código y sentar un precedente que evite prácticas similares en otras instituciones.

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