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El Gobierno sigue sin nombrar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Y eso que ha pasado un año desde que se aprobó la ley que prevé la creación de esta figura que debe velar por aquellas personas que informen sobre casos de corrupción. La situación contrasta con las exigencias que se han impuesto al resto de administraciones y a las empresas privadas, que deben contar con canales internos de información. Los expertos se muestran divididos por el retraso, que achacan a los procesos electorales. La Fundación Hay Derecho denuncia que este escenario deja a los denunciantes «en un limbo contrario al derecho europeo».

Este martes se cumple un año que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que protege a los informante de corrupción, pero quienes alertan de estas prácticas siguen sin tener una figura que les proteja. Hay Derecho afirma que esta situación supone que quienes informan de corrupción sufran graves represalias por su acción a favor del interés general, que no dispongan de asesoramiento, encuentren dificultades para alertar de manera anónima y que no exista una institución que vigile el cumplimiento de la ley.

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