Esta noticia fue publicada previamente por el Parlamento Europeo.
La Directiva de alegaciones medioambientales obligaría a las empresas a probar sus afirmaciones ecológicas antes de anunciar productos como «biodegradables», «menos contaminantes», «que utilizan menos agua» o que tienen «contenido bio». Los Estados miembros designarán a verificadores para preaprobar el uso de estos reclamos y proteger así a los compradores de la publicidad engañosa y ambigua.
El Parlamento Europeo plantea que las alegaciones, junto a las evidencias que las sustenten, sean examinadas en el plazo de treinta días. Los reclamos publicitarios y productos más sencillos podrían beneficiarse de una verificación más rápida y simple. Las microempresas quedarían exentas, mientras que las pymes tendrían un año adicional para cumplir con los requisitos. Las empresas incumplidoras podrían quedar temporalmente excluidas de licitaciones de contratación pública, perder sus ingresos y afrontar multas de al menos el 4% de sus ingresos anuales.
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